Caso: ¿Quién extirpo mis sueños?

No es fácil para una mujer vivir con VIH. Mucho menos si existe el riesgo de que el hijo que lleva en su vientre pueda contraer la enfermedad. Pero ¿puede ella elegir libremente la maternidad? En algunos hospitales creen que no y han actuado para impedirlo.

María baja por la calle Vivar tomada de la mano de su hijo José. Se reconoce en él porque es suyo, aunque agradece a la suerte que no se le parezca tanto. Cuando le notificaron que era portadora del VIH, tenía seis meses de embarazo y se quedó mirando hacia la nada en el banco de sangre del Hospital Carlos Cisternas de Calama. Creyó que moriría y lo primero que pensó fue buscar a alguien que se hiciera cargo de José cuando ella ya no estuviera. Lo segundo, que los exámenes del niño no dieran positivo.

Su pareja -con la que convivió durante dos años- la había abandonado. Por eso, ni siquiera fue a buscar su diagnóstico que decía que también era portador del virus, y, entonces, apoyada en la triterapia necesaria para paliar la enfermedad, emprendió la tarea de estar sana cuando el niño viniera al mundo. Afortunadamente José no se le parece tanto. Él no es portador del VIH.

Cuando bajan juntos por la calle Vivar -donde viven- hacia el centro de Calama, a veces se encuentran de frente con el que fuera su pareja y él como si nada, como si no los conociera. Pero a María Valencia no le importa, porque son otros sus dolores.

Lo que ahora verdaderamente le da ira es no poder tener más hijos. En el momento en que nació José en el Hospital Regional de Antofagasta firmó una autorización para ser esterilizada, aunque ella asegura que fue presionada para hacerlo. “Antes del parto, una matrona me dijo que si no firmaba los papeles, ellos no se hacían cargo de la operación ni de que el niño naciera enfermo. Me puso entre la espada y la pared”, relata ahora María, dispuesta a denunciar su caso, porque asegura que como ella hay muchas mujeres más que son portadoras del virus y son esterilizadas sin su consentimiento u obligadas con distintos argumentos.

Para una mujer que puede pasar muchos años conviviendo con el sida, la esterilización podría ser la solución más obvia, aunque las que acusan haber sido sometidas a este procedimiento de manera forzada creen que con este hecho se transgrede la libertad y el derecho a elegir ser madres, aunque sean portadoras del VIH.

En mayo del año pasado, la Universidad Arcis, Flacso y la coordinadora Vivo Positivo presentaron el libro “Mujeres chilenas viviendo con VIH Sida: Derechos sexuales y reproductivos”. El estudio abarca distintos temas referentes al ámbito sexual de las mujeres, aunque la realidad también demostró que de una muestra de cien mujeres en 8 regiones del país, el 13 por ciento había sido esterilizado sin su consentimiento y otro 29 por ciento había sido presionado por el Servicio de Salud respectivo.

Marina Carrasco -antropóloga de Vivo Positivo y una de las autoras del estudio- asegura que no se trata de una práctica avalada por el Ministerio de Salud, aunque sí cree que corresponde a una política que revela prejuicios con respecto a la maternidad de las mujeres viviendo con VIH. “Presionan a las mujeres diciéndoles, por ejemplo, ‘por qué vai a traer hijos al mundo, van a nacer enfermos o no te vamos a atender si no firmas’”, cuenta Marina, quien también relata que uno de los momentos en que más se producen estas presiones es cuando las madres se enfrentan a la cesárea, procedimiento indicado en la mayoría de los casos, ya que disminuye el riesgo de contagio de madre a hijo. “Les dicen: si no firmas, no te hacemos la cesárea”.

María Valencia dice que fue otra víctima de las amenazas de la matrona en el Hospital Regional de Antofagasta. Ahí, el 8 de noviembre de 2001 fue esterilizada mediante ligadura de trompas. “Yo sabía que una cesárea disminuiría el riesgo de que mi hijo fuera portador del virus y la matrona me dijo, entonces, que me hacían un parto vaginal si yo no firmaba”, confiesa.

A través de un comunicado, el jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional, Dr. Aliro Bolados Castillo, señaló a LND que todas las intervenciones quirúrgicas destinadas al control definitivo de la fertilidad, se efectúan previa solicitud escrita de la paciente y que éste es un requisito imprescindible para la reserva del respectivo pabellón, y la firma de María Valencia se encuentra estampada en ese centro asistencial.

“Niego todo tipo de presión indebida hacia las pacientes, aunque es de suponer que una mujer embarazada, a pocos días de dar a luz, es especialmente sensible, más aún si está de por medio el hecho de ser portadora de VIH, por lo que una conversación puede ser fácilmente interpretada como una presión”, señala el doctor Bolados en el comunicado.

Otros casos
El caso de María Valencia no es el único en el que se acusa a un hospital de practicar la esterilización sin el consentimiento de una paciente portadora de VIH.

Rosa prefiere guardar su identidad en secreto, porque no todos sus parientes saben que es portadora del VIH y menos que tuvo que vivir esta historia.

Ella denuncia que en 1999 sufrió un embarazo tubario que fue atendido en el Hospital Sótero del Río y que el médico le aconsejó ser esterilizada, para evitar tener un hijo con su misma enfermedad. Ella asegura que se negó, que fue el propio doctor quien tomó la decisión de intervenirla y que ella había firmado la autorización estando anestesiada.

“Ellos me dijeron que era el procedimiento adecuado para un embarazo tubario, pero yo había ido antes al Hospital San José que está al frente de mi casa, donde todos me conocen y nadie sabe que tengo VIH, y el doctor me dijo que podía solucionar la situación mediante una técnica láser. Pero yo me fui al Sótero, porque ahí podía contar lo de mi enfermedad. Además, soy enfermera y sé que ésa no era la única técnica”, relata Rosa, quien se enteró de la operación al día siguiente, cuando un médico en práctica se lo contó.

En el Hospital Sótero del Río niegan rotundamente que exista o que se haya practicado alguna vez este tipo de intervenciones sin el consentimiento de la paciente y aseguran que en este caso en particular estaba en riesgo la vida de la paciente y, por ello, se hizo necesario la extirpación. Un hecho al que Rosa sigue sin dar crédito.

Carolina tenía 7 meses de embarazo cuando en 1993 fue notificada como portadora del VIH. Tras el nacimiento de su hija, la matrona le planteó la posibilidad de esterilización química mediante quinacrina. “Para qué va a seguir trayendo más hijos al mundo”, le dijo.

En esa oportunidad, la intervención no resultó, pero años más tarde, en 1999, denuncia que también en un hospital público le extirparon las trompas sin solicitar su consentimiento ni el de su marido, debido a que presentaba un embarazo tubario, y esto se resolvió como la única solución para su problema, aunque por su condición serológica decidieron extirparle ambas trompas para que no volviese a quedar embarazada.

La matrona del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva Verónica Schiappacasse señala que nadie puede cuestionar la decisión de un médico al tratar un embarazo tubario, pero que la tendencia es utilizar técnicas lo menos invasivas posibles para preservar la trompa. “Extirpar una trompa no es la única forma de enfrentar un embarazo tubario, pero eso lo sabe el médico que ve cuál es el estado de la paciente. Sí es cuestionable, en cambio, que una mujer con un embarazo tubario pierda sus dos trompas, sobre todo si es portadora de VIH”, señala Verónica.